Acepta ocho meses de prisión por agredir al alcalde de El Turro

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     El acusado, un vecino de la localidad, tendrá que pagar también 240 euros de multa


     F.J.M., el vecino de El Turro que fue denunciado por agredir hace unos días al alcalde de esta Entidad Local Autónoma (ELA) perteneciente al municipio de Cacín, ha aceptado una pena de ocho meses de prisión y pagar 240 euros de multa como autor de un delito de atentado contra la autoridad y de un delito leve de lesiones.

     Según consta en la sentencia, el acusado mostró su conformidad con los hechos y con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal el día del juicio, por lo que no fue necesaria la práctica de la prueba.

     La resolución, dictada el lunes, y a la que ha tenido acceso Granada Hoy, establece probado que el incidente ocurrió sobre las 10:00 horas del 9 de octubre, cuando el alcalde de El Turro, Juan Miguel Garrido García (IU), procedía en su condición de primer edil a realizar una inspección, junto con los técnicos de la empresa Adecua, para "comprobación de tuberías y suministros de aguas de la red pública", en la zona de la Plaza de Horno.

     El objetivo de esta inspección era "elaborar el correspondiente informe" para remitirlo después al juzgado que había ordenado ese acto: el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja.

     La sentencia recoge que la agresión al alcalde, que ha estado representado en el proceso por el letrado Fernando Reyes, del despacho de abogados Reyes-Gómez, sucedió mientras los técnicos realizaban su labor, momento en que el acusado "se abalanzó sobre el señor alcalde-presidente pegándole un fuerte empujón por la espalda que le hizo perder el equilibrio sin llegar a caer al suelo". A continuación, el acusado -siempre según el fallo- continuó "dándole empujones hasta desplazarlo unos dos metros del lugar donde se encontraba, al tiempo que le decía fuera de aquí". Los empujones provocaron al primer edil "dorsalgia y cervicalgia, para cuya curación precisó de una sola asistencia facultativa". El alcalde no solicitó indemnización alguna por el daño sufrido.

     La sentencia, que es firme, ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja, que se encontraba el lunes en funciones de guardia. En ella se acuerda directamente la suspensión de la pena de prisión al ser inferior a dos años, por lo que el vecino denunciado no tendrá que entrar en la cárcel.

     En concreto, el fallo establece los ocho meses de prisión por el delito de atentado contra la autoridad, así como una multa de 180 euros. Por el delito leve de lesiones (lo que antes de la reforma del Código Penal se conocía como falta de lesiones), fija otra multa de 60 euros.

     Cuando el suceso salió a la luz pública, el regidor lamentó que se produzcan este tipo de situaciones y reclamó medidas para garantizar la seguridad de los responsables públicos en las pequeñas localidades que, como El Turro, no tienen capacidad financiera para contar con Policía Local, informó en su día Europa Press.

    Origen de la noticia.

    Cuando se produjo la agresión la FEEM mostró su apoyo al alcalde de El Turro tras sufrir una agresión por parte de un vecino

     El presidente de FEEM, Antonio Martín Cabanillas, ha explicado que "no es la primera agresión que sufre un representante público a manos de un vecino" 

     La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) y su homónima andaluza, FAEM, han mostrado su “público apoyo” al alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de El Turro (Granada), Juan Miguel Garrido, tras la agresión sufrida a manos de un vecino “en el transcurso del cumplimiento de sus funciones como presidente de la entidad, según la denuncia que presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Maracena”.

     El presidente de FEEM, Antonio Martín Cabanillas, ha explicado que “no es la primera agresión que sufre un representante público de una entidad local a manos de un vecino ya que están en una situación de absoluta indefensión”.

     Desde FEEM y FAEM se han mostrado “convencidos” de que “la mayoría de los parlamentarios tienen desconocimiento sobre la realidad de las entidades locales andaluzas puesto que aprobaran una Ley ambigua e inoperante en muchos de sus artículos por ineficientes y no pensaron que una autoridad local está expuesta por su condición de regidor y ejecutor directo de la legislación”.

     En este sentido, desde ambas federaciones han solicitado “protección para los alcaldes de las entidades locales y para las sedes de las ELA para proteger y defender los derechos y prerrogativas de éstos” y han instado “a la Junta y a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía a que de forma conjunta aborden la resolución de este asunto a la mayor brevedad”.

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