La libertad no tiene precio

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     La denuncia formulada contra la forma de funcionar el urbanismo en el Ayuntamiento de Alhama estos cuatro años, es sólo el reflejo de lo que a diario se viene comentando por un importante grupo de vecinos de Alhama, en reuniones y tertulias, que no se atreven por miedo a represalias o enemistades hacerlo público.

     A la vista del comunicado/respuesta, se ve que lo único que pretenden es desviar la atención de lo que es realmente importante, es decir, si se ha incumplido o no la legalidad, si se han concedido licencias para amigos o compañeros, sin seguir el procedimiento seguido por la Ley o sin más criterio que los intereses privados obviando los intereses públicos.

     Desde aquí invito a los responsables del comunicado a que remitan de forma urgente, a ser posible mañana mismo, al Juzgado de Guardia de Loja, la documentación que estimen suficiente si estiman que los hechos a que hacen referencia he tenido alguna participación. Utilizan la mentira como medio de defensa. Esa práctica es muy antigua, tiene las patas muy cortas y, al final, la verdad pone a cada uno en su sitio. No se preocupen la justicia es lenta para el final llega para todos.

     A pesar de ello me consta s que en el Partido Popular hay militantes que están en contra de la forma de funcionar que ha tenido en urbanismo en Alhama y, sobre todo, de las últimas actuaciones, donde surgen naves por doquier y donde se suprimen espacios públicos sin más justificación que el interés privado y del Técnico que firma el proyecto y al final concede la licencia de obras. Esta forma de trabajar, no existe en ningún municipio de España. Es un atentado en toda la regla, al principio de igualdad de oportunidades, al principio de libre elección del técnico, al principio más elemental de independencia y objetividad. Se trata en definitiva de aplicar la Ley por igual a todo el mundo, pero no en función de parámetros de amiguismo o compañerismo. Se trata de aplicar como único método de trabajo, el informe de los Técnicos Municipales y la Normativa vigente en cada momento.

     Como alhameño, lo único que me mueve es el de luchar para que no se siga atentado contra nuestro patrimonio, en el que sin duda se encuentra nuestro paisaje, para que las futuras generaciones puedan disfrutar como nosotros hemos tenido la posibilidad de hacerlo. No tengo nada en contra ni de los técnicos ni de los promotores, pero ello no quita que levantemos la voz cuando un atentado de tal magnitud se produce.

     Por eso voy a seguir luchando para que siempre predomine la opinión de los técnicos municipales, frente a la de los técnicos metidos a políticos; para que el oficina de urbanismo vuelva al Ayuntamiento de donde nunca debió de salir; para que los ciudadanos y vecinos de Alhama tengamos el mismo tratamiento desde el principio de igualdad, sin servilismos, ni amiguismos; para que cualquier ciudadano pueda comprobar la documentación obrante en el Ayuntamiento sin más limitación que la Ley de Protección de Datos y las que la Ley imponga (llevo solicitando desde Junio de 2014) información relativa a distintas actuaciones municipales). Me comenta el Secretario municipal que no me la puede facilitar porque no tiene la autorización del Concejal de Urbanismo.

     El urbanismo en un Ayuntamiento debe de ser el área de mayor transparencia. Los ciudadanos necesitan de seguridad jurídica para que después no se encuentren con la orden judicial que ordena su demolición. El caso de Alhama, es además muy sui generis, ya que nuestro pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico y por ello debemos de velar aún más por su conservación. Seguro que si lo conseguimos crearemos más y mejor empleo y no construiremos naves en cualquier sitio bajo el paraguas de que son agrícolas y las necesitan los agricultores cuando en realidad son naves industriales, cuyo lugar debe de ser la zona industrial prevista dentro del Plan General de Ordenación Urbana, de lo contrario, terminaremos arrepintiéndonos del legado dejado a nuestros hijos.

     Por último, una recomendación a los autores del comunicado, hubiera sido más fácil aportar los informes que acrediten que lo realizado es legal y hubiéramos evitado llamar las cosas por su nombre.

     Decir la verdad y denunciar aquello que no tiene nombre cuesta trabajo, pero la libertad no tiene precio.

     Gerardo Molina Gómez.

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