La incoación se produce una vez remitido un decreto del fiscal superior que ordenó que se valoraran manifestaciones del alhameño Eduardo Raya sobre supuestas irregularidades.
La Fiscalía de Granada ha abierto nuevas diligencias de investigación a raíz de un decreto del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, relacionado con el caso de Eduardo Raya, primer padre que llevó ante los tribunales el supuesto robo de su hija, nacida en un hospital de Granada en 1990.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio Público, que han precisado que la incoación de las diligencias se produce una vez remitido un decreto del fiscal superior que ordenó que se valoraran manifestaciones de Raya sobre supuestas irregularidades que éste atribuyó el "grupo investigador" (Policía Judicial) de su caso.
García Calderón señala, en cualquier caso, que "no es posible" deducir que ese grupo investigador cometiera irregularidades en su proceder, ya que actuó conforme a las comisiones que se le dictaron desde que la Fiscalía inició diligencias y posteriormente en las que se siguieron desde el Juzgado instructor.
El decreto resuelve además que se valoren las que Raya considera "nuevas pruebas" sobre el supuesto robo de su hija y señala que la Fiscalía Superior "no comparte" que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordara el sobreseimiento "libre", ya que debería haber sido de carácter provisional.
García Calderón califica además como "correcta" la decisión de la Fiscalía y del Juzgado instructor, al margen de que sus decisiones puedan ser objeto de recurso ante la Audiencia, un paso judicial ya emprendido por Raya, quien precisamente hoy ha aportado nuevas pruebas al tribunal provincial que verá el 6 junio de 2013 su caso en fase de apelación.
Raya ha aportado tres informes que se suman a otros anteriores que acreditarían, a su juicio, que la niña a la que en su día dieron sepultura no es su hija y que entrarían en contradicción con distintos pronunciamientos del Instituto Nacional de Toxicología con los que también discrepa el denunciante.
"Esto es un tema muy grave, mi hija está viva, tiene 22 años y no voy a dar un paso atrás, me cueste lo que me cueste", ha dicho Raya, que también es presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D).
Raya mantiene que le cambiaron a su hija por un recién nacido moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada en junio de 1990, y se basa en diferentes pruebas de ADN que encargó a varios laboratorios que dictaminaron que los restos que había enterrado no pertenecían a su bebé.
Los estudios aportados por Raya entraban en contradicción con los ordenados por parte del Juzgado Instructor, que en un primer momento decidió archivar provisionalmente su caso al entender que las pruebas practicadas no habían sido determinantes.
El pasado mes de julio anunció la presentación ante el Parlamento Europeo de la que considera la primera queja formal ante esta institución europea por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la Justicia Española en su causa y en otras similares.
Origen de la noticia.
“Mi hija está viva, tiene 22 años, y no voy a dar un paso atrás”
El alhameño Eduardo Raya y su esposa padres de una niña presuntamente robada en Granada presentan nuevas pruebas para pedir la reapertura del caso
Los padres de una niña presuntamente robada en el Hospital Clínico de Granada en 1990 han presentado tres nuevos informes ante la Audiencia Provincial que avalan que el bebé al que dieron sepultura no es su hija.
Con estas nuevas pruebas, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez buscan la repaertura de un caso que fue sobreseído y por el que presentaron un recurso que está pendiente de resolución.
Los padres de la niña presuntamente robada aportan tres nuevos informes de ADN que demuestran que no son los progenitores biológicos del bebé que les entregaron muerto en el hospital.
Ahora se remiten a un decreto del Fiscal Superior de Justicia que avalaría la reapertura de su caso si se encontrasen “nuevos elementos probatorios de suficiente entidad”. Ante estas tres nuevas pruebas, que contradicen las obtenidas en su momento por Toxicología y que llevaron al sobreseimiento del caso, Eduardo y Gloria reclaman que se continúe con la investigación.
“MI HIJA ESTÁ VIVA”
“Mi hija está viva, tiene 22 años, y no voy a dar un paso atrás. Me cueste lo que me cueste”, asevera Eduardo, que mantiene que la unanimidad de los resultados de diferentes laboratorios es suficiente argumento para reabrir la investigación de este caso.
Está convencido de que las pruebas de Toxicología, que no encontraron ADN en los restos exhumados del bebé que enterró, “mienten o se equivocan gravemente”, por lo que pide que se revise y se rectifique.
Tras más de cuatro años de proceso, ahora el caso se encuentra en fase de apelación, cuya vista tendrá lugar el próximo 6 de junio, justo el mismo día en que su hija cumpliría 23 años. Pero lo que para Eduardo no es una casualidad es que haya desaparecido el historial médico de “toda aquella persona que dice que le han robado un hijo”, como es su caso.
Una de las conclusiones de los últimos informes realizados sobre los restos de su bebé es que la enfermedad que provocó su muerte se transmitía de la madre al feto y asegura que su mujer “no estaba enferma”. Por eso, Eduardo admite que “se puede tratar de errores, pues todo el mundo nos equivocamos”, pero reclama que la Justicia no se base en la coclusión de Toxicología para sobreseer el caso, pues “los laboratorios no se equivocan”.
REAPERTURA DEL CASO
Por ese motivo, pide a la Fiscalía provincial que ordene la reapertura del caso. “¿Cuántos informes más necesitan que acrediten que ésa no es mi hija?”, se ha preguntado.
Eduardo y Gloria se dirigieron al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que entregaron un dossier de 400 folios para que estudiara este asunto, pero aseguran que casi dos meses después todavía están “esperando respuesta”.
Eduardo está dispuesto a llegar hasta el final y pide que se llame a declarar a los médicos que atendieron el parto de su esposa. “¿Cuál es el miedo, por qué no se ha llamado a declarar a los médicos?”, reclama. “La verdad la sé: que a mi hija me la quitaron. Yo quiero que se haga justicia”, asegura.
- Origen de la noticia.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio Público, que han precisado que la incoación de las diligencias se produce una vez remitido un decreto del fiscal superior que ordenó que se valoraran manifestaciones de Raya sobre supuestas irregularidades que éste atribuyó el "grupo investigador" (Policía Judicial) de su caso.
García Calderón señala, en cualquier caso, que "no es posible" deducir que ese grupo investigador cometiera irregularidades en su proceder, ya que actuó conforme a las comisiones que se le dictaron desde que la Fiscalía inició diligencias y posteriormente en las que se siguieron desde el Juzgado instructor.
El decreto resuelve además que se valoren las que Raya considera "nuevas pruebas" sobre el supuesto robo de su hija y señala que la Fiscalía Superior "no comparte" que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordara el sobreseimiento "libre", ya que debería haber sido de carácter provisional.
García Calderón califica además como "correcta" la decisión de la Fiscalía y del Juzgado instructor, al margen de que sus decisiones puedan ser objeto de recurso ante la Audiencia, un paso judicial ya emprendido por Raya, quien precisamente hoy ha aportado nuevas pruebas al tribunal provincial que verá el 6 junio de 2013 su caso en fase de apelación.
Raya ha aportado tres informes que se suman a otros anteriores que acreditarían, a su juicio, que la niña a la que en su día dieron sepultura no es su hija y que entrarían en contradicción con distintos pronunciamientos del Instituto Nacional de Toxicología con los que también discrepa el denunciante.
"Esto es un tema muy grave, mi hija está viva, tiene 22 años y no voy a dar un paso atrás, me cueste lo que me cueste", ha dicho Raya, que también es presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D).
Raya mantiene que le cambiaron a su hija por un recién nacido moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada en junio de 1990, y se basa en diferentes pruebas de ADN que encargó a varios laboratorios que dictaminaron que los restos que había enterrado no pertenecían a su bebé.
Los estudios aportados por Raya entraban en contradicción con los ordenados por parte del Juzgado Instructor, que en un primer momento decidió archivar provisionalmente su caso al entender que las pruebas practicadas no habían sido determinantes.
El pasado mes de julio anunció la presentación ante el Parlamento Europeo de la que considera la primera queja formal ante esta institución europea por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la Justicia Española en su causa y en otras similares.
Origen de la noticia.
“Mi hija está viva, tiene 22 años, y no voy a dar un paso atrás”
El alhameño Eduardo Raya y su esposa padres de una niña presuntamente robada en Granada presentan nuevas pruebas para pedir la reapertura del caso
Los padres de una niña presuntamente robada en el Hospital Clínico de Granada en 1990 han presentado tres nuevos informes ante la Audiencia Provincial que avalan que el bebé al que dieron sepultura no es su hija.
Con estas nuevas pruebas, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez buscan la repaertura de un caso que fue sobreseído y por el que presentaron un recurso que está pendiente de resolución.
Los padres de la niña presuntamente robada aportan tres nuevos informes de ADN que demuestran que no son los progenitores biológicos del bebé que les entregaron muerto en el hospital.
Ahora se remiten a un decreto del Fiscal Superior de Justicia que avalaría la reapertura de su caso si se encontrasen “nuevos elementos probatorios de suficiente entidad”. Ante estas tres nuevas pruebas, que contradicen las obtenidas en su momento por Toxicología y que llevaron al sobreseimiento del caso, Eduardo y Gloria reclaman que se continúe con la investigación.
“MI HIJA ESTÁ VIVA”
“Mi hija está viva, tiene 22 años, y no voy a dar un paso atrás. Me cueste lo que me cueste”, asevera Eduardo, que mantiene que la unanimidad de los resultados de diferentes laboratorios es suficiente argumento para reabrir la investigación de este caso.
Está convencido de que las pruebas de Toxicología, que no encontraron ADN en los restos exhumados del bebé que enterró, “mienten o se equivocan gravemente”, por lo que pide que se revise y se rectifique.
Tras más de cuatro años de proceso, ahora el caso se encuentra en fase de apelación, cuya vista tendrá lugar el próximo 6 de junio, justo el mismo día en que su hija cumpliría 23 años. Pero lo que para Eduardo no es una casualidad es que haya desaparecido el historial médico de “toda aquella persona que dice que le han robado un hijo”, como es su caso.
Una de las conclusiones de los últimos informes realizados sobre los restos de su bebé es que la enfermedad que provocó su muerte se transmitía de la madre al feto y asegura que su mujer “no estaba enferma”. Por eso, Eduardo admite que “se puede tratar de errores, pues todo el mundo nos equivocamos”, pero reclama que la Justicia no se base en la coclusión de Toxicología para sobreseer el caso, pues “los laboratorios no se equivocan”.
REAPERTURA DEL CASO
Por ese motivo, pide a la Fiscalía provincial que ordene la reapertura del caso. “¿Cuántos informes más necesitan que acrediten que ésa no es mi hija?”, se ha preguntado.
Eduardo y Gloria se dirigieron al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que entregaron un dossier de 400 folios para que estudiara este asunto, pero aseguran que casi dos meses después todavía están “esperando respuesta”.
Eduardo está dispuesto a llegar hasta el final y pide que se llame a declarar a los médicos que atendieron el parto de su esposa. “¿Cuál es el miedo, por qué no se ha llamado a declarar a los médicos?”, reclama. “La verdad la sé: que a mi hija me la quitaron. Yo quiero que se haga justicia”, asegura.
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